Situación actual

El problema de la competitividad de un país depende de muchos factores entre los que, sin duda, uno destaca: la formación de la clase trabajadora. En este sentido se puede decir que España cuenta con un grupo de trabajo de especial formación: la clase médica. Su magnífica capacitación comenzó en los años 60 y continuó durante los primeros años de la democracia. Como resultado se avanzó en la esperanza de vida y en el nivel de la atención sanitaria. Sólo hay que pensar en la cantidad y calidad de los trasplantes españoles y en la ineficacia de las visitas de algunos enfermos a clínicas de renombre americanas. Este servicio nos sitúa en una posición envidiada en casi toda Europa. La formación actual, a día de hoy, de los médicos es peor. Se puede alcanzar la licenciatura habiendo huido, por ejemplo, de la Física, lo que les dificulta la comprensión de cosas esenciales como la circulación, la fisiología de la nefrona, el funcionamiento del marcapasos o nodo senoauricular, la electrocardiología, etc..

Se sabe de la afición de pacientes europeos a la atención en España, actividad poco rentable que desaparecerá a corto plazo.

Los problemas de competitividad mayores se presentan cuando a la falta de formación de los trabajadores (la FP de hace unos años era carísima pero excelente, recuperaba a malos estudiantes y algunos accedían a las ingenierías) se le añade una inadecuada regulación de temporales e indefinidos que dificulta a las empresas el despido de los improductivos. Sumemos costes inevitables derivados de la situación geográfica española, que se acentúan en Galicia y, lo que es peor, una política energética demencial y corrupta, insostenible a corto plazo.

La política económica de este país ha sido catastrófica y condujo a que tengamos un millón de viviendas vacías: inversión descomunal en lo improductivo. Lo curioso es que, insistiendo en la incompetencia, con tantas viviendas vacías se pretenda seguir produciendo VPO. Claro, no saben que hacer con los trabajadores de la construcción que pasarán al paro, y son inconscientes de que la inmigración se transformará en emigración en pocos años .

Los gobiernos españoles jamás analizaron qué podría suponer el incorporarse al euro y el renunciar a la capacidad devaluatoria. Antes, cuando el déficit exterior amenazaba con alcanzar el 3 o 5%, se procedía inmediatamente a la devaluación, encareciendo las compras y abaratando las ventas: los BMV son más caros, pocos se importan, y los Seat más baratos se exportan mejor. Somos algo más pobres, menos RPC, pero el porcentaje de paro desciende y su coste se reduce.
Ahora, no disponemos de esta alternativa, ¿qué nos queda? Es fácil dar una respuesta científica conociendo la política energética desarrollada, el trato dado a los recursos hídricos, la política de transportes (mercancías y pasajeros), el desastre educativo, la inmigración masiva de necesidad artificial y pasajera mientras se mantienen cosas como el PER, y el reparto del poder y del gasto entre Gobierno Central y Gobiernos Autonómicos: "retorno a una diferencia de RPC entre España y el norte de Europa similar a la de 1975".

Nuestros gobernantes quieren que volvamos a ver la situación existente al final del franquismo, tras la construcción, por ejemplo, de embalses, trasvases y centrales nucleares. Acaso lo que quieren es que echemos de menos a la antigua EGB, al BUP y COU y a la vieja FP.

Tal vez, en algún momento, se den cuenta de que con la política desarrollada hasta ahora no queda otra alternativa que el regreso a la peseta, es decir, al empobrecimiento con posibilidades de arreglo. Si se observa con cierto interés la realidad existente, se ve que las grandes empresas españolas se hallan en peligro inmediato de pasar a ser de propiedad externa, aunque tengan su origen en el INI.
Es lo que hay.