Justicia española

El estado actual de la Justicia en España es digno de estudio, sabiendo de antemano que lo que nos encontramos se está produciendo, ocurre, y no son invenciones mal intencionadas de un posible condenado por nuestro sistema, de organización inexplicable.

Se está amenazando con una, ¡increíble!, huelga general de los jueces. Menos mal, ya ha concluido el paro que desarrollaron los administrativos peor pagados, por depender de instancias no transferidas.

Mientras, tenemos en este país a 70 delincuentes que han sido detenidos, en conjunto, en 7000 ocasiones. Se les mantiene disfrutando de una libertad muy entretenida. Sus divertidas aventuras delictivas, de pago poco garantizado, los convierte en simples morosos que tienen con la justicia unas deudas impagables.

Unos cuantos traficantes de drogas que operaban en Andalucía hace unos años, quedan en libertad. Los kilos de cocaína almacenados durante meses en una comisaría de policía sevillana han desaparecido, por lo que los posibles traficantes se han volatilizado. Es curioso que, por algún motivo de difícil explicación, la cocaína con la que fueron apresados, tras su análisis y peso en presencia de los correspondientes testigos, no haya sido inmediatamente quemada. Tenía que ser mantenida ocupando espacio en una comisaría y, seamos realistas, despertando intereses económicos entre los funcionarios que facilitan su transformación en delincuentes.

Al tiempo que estas cosillas ocurren, un inmigrante ilegal marroquí, que fue detenido en diversas ocasiones en una comunidad autónoma, no se encuentra en la cárcel ni ha sido expulsado del país. Se le facilita su desplazamiento a otra comunidad en la que comete un asesinato.

¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en España, tras sufrir un 11-M? Recordemos que uno de los terroristas implicados, inmigrante ilegal pendiente de cumplir penas, fue parado por la Policía de Tráfico mientras realizaba un transporte de explosivos de Asturias a Madrid.

Mientras este tipo de actos se repiten en España, podemos comprobar que en Alemania supervivientes de la RAF- Fracción del Ejercito Rojo-, tras muchos años de cárcel, permanecen en prisión. Terroristas que, comparando con los etarras, apenas causaron desgracias.

En cualquier caso, lo más curioso y llamativo de la situación española es observar cómo se cumple con la Constitución, de qué modo se mantiene en el Estado la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Se crea el CGPJ y se nombra a sus componentes estudiando, más que su trayectoria formativa y profesional, su supuesta ideología política que los convierte en interesantes para los los distintos partidos. Se concede al Consejo no sólo la capacidad de juzgar el comportamiento profesional, sino también la honradez o los posibles delitos cometidos por colegas. Se desprecia la actividad de los jurados populares para ejercer la única función en la que pueden ser considerados como imprescindibles, ya que no han estado presentes antes del año 96: determinación de las responsabilidades de los jueces en distintas actividades delictivas.

No es normal que a un grupo de trabajadores lo juzgue un órgano elegido entre compañeros, es irracional. Sin embargo, los distintos partidos con capacidad de nominación no se muestran interesados en alterar la función del Consejo. Parece que, por ejemplo, nuestra Vicepresidenta o nuestro Ministro de Justicia encuentran adecuado el papel que desarrolla. Curiosamente, en el primer partido de la oposición, tal vez pensando en el pasado y posible futuro, la situación se ve adecuada.

El comportamiento de jueces en casos como la adopción por parejas lesbianas, o la prolongada libertad de pederastas que acaban cometiendo asesinatos infantiles, en España seguirá siendo analizado por los miembros del CGPJ nominados por los partidos, según sus posiciones ideológicas. No se prevé ningún cambio en este apartado judicial y tampoco se observan peticiones que conduzcan a los jurados populares a ejercer la verdadera función que los hace imprescindibles, teniendo en cuenta que la elección de los miembros alarga y encarece un proceso, cualquiera que sea su trascendencia.